Víctor G. Marroquín, ex director general del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA), llegó a decir «Mi sueldo es público, pero no publicable» para negarse a desvelar su nómina en la Junta General. Un generoso salario que le pagaban los asturianos. La frase resume el funcionamiento de un sector que se nutre del dinero que le inyecta el Principado pero que escapa a los obligados controles a que está sujeta la Administración autonómica.
El actual Gobierno ha heredado de la etapa de Álvarez Areces una maraña de más de 60 empresas, fundaciones, organismos, entidades y entes de naturaleza jurídica variada en los que trabajan unas 2.000 personas, entre ellas 70 altos cargos que cobran entre 60.000 y 120.000 euros anuales. El llamado sector público del Principado mueve unos 450 millones de euros al año y arrastra una deuda de 345 millones, según la última actualización del Banco de España. Son datos estimativos, porque los únicos que los conocen con exactitud, sus responsables durante todos estos años, han huido sistemáticamente de la luz y los taquígrafos.
El hecho de que ni los partidos de la oposición ni los sindicatos conocieran el estado real de los entes dependientes de la Administración regional siembra dudas y alienta sospechas muy fundadas. Ni siquiera la Sindicatura de Cuentas, el órgano del que se dotó hace seis años la Junta General, ha tenido acceso a muchos de los documentos que necesitaba para poder desarrollar su trabajo de control con garantías, y así lo ha hecho constar en muchos de sus informes. La opacidad ha sido marca de la casa.
En el sector público del Principado conviven sociedades con finalidades diversas, desde los servicios de emergencia del Principado y el organismo del que dependen las residencias de ancianos hasta el consorcio del Museo Etnográfico de Grandas de Salime y la televisión autonómica, por poner algunos ejemplos. Hay empresas con objetivos discutibles o, cuando menos, difusos, como la Sociedad de Servicios del Principado de Asturias. No se percibe un criterio claro que justifique la naturaleza jurídica de cada cual y, lo que es peor, abundan las duplicidades en competencia con otras áreas regionales, otras administraciones y la iniciativa privada.
Todo ese laberinto empresarial creció de manera irracional en los años de bonanza, mermando recursos públicos y alimentando la suspicacia. No fue un fenómeno exclusivo de Asturias, sino generalizado y aumentado en las distintas comunidades. Y en casi todas partes devino en un modelo covachuelista de vocación clientelar que, tras el estallido de la crisis, se utilizó, además, para sortear la capacidad legal de endeudamiento de las autonomías y para velar la auténtica dimensión del déficit.
La necesidad de transparencia ha sido predicada por todos los partidos en la última campaña electoral. El nuevo presidente asturiano ha prometido llevar a cabo una poda que por ahora tiene dos nombres propios, los de la constructora Sedes y la RTPA; pero urge eliminar la duplicidad de servicios entre el Principado y las empresas que de él dependen. Es una vergüenza que una región que hubo de prescindir con tanto sacrificio de un sector público estatal ineficiente que contribuyó a la postergación de Asturias haya vuelto a caer en el error de crear otro, ahora de ámbito regional. Ahí no cabe la poda. Hay que cortar por lo sano, dar paso a la iniciativa privada, y cuanto antes, mejor.
La Administración pública tiene que acostumbrarse a desarrollar su labor con una normativa estricta. El problema es que buena parte de los políticos no se conforman con administrar e inventan la necesidad de gestionar con criterios privados. ¿Para qué? Para saltarse las normas, premiar a los afines con el objetivo más que probable de recibir algo a cambio, castigar a los que se oponen a sus argucias e intentar forzar la voluntad de los independientes. Invocar la gestión es una falacia. No les compete actuar como si estuvieran en el ámbito privado, y cuando lo hacen, además de caer en la incompetencia, suele ser para beneficiarse a sí mismos o a sus amigos, como ocurrió con la fallida empresa Venturo XXI, que es seguramente la punta de un iceberg de escándalo.
Esta política de pseudogestión es la que ha conducido al Principado a la situación en la que hoy se encuentra, con un sector público que consume recursos cada vez más escasos, amplía la burocracia y compite de forma ilegítima con la iniciativa privada. ¿Para qué quiere el Principado a Sogepsa, que rivaliza en la compra de suelo con los promotores, o a Sedes, que hace lo propio en el campo de la vivienda? ¿Para qué los medios públicos de comunicación más que para darse autobombo y competir con los empresarios del ramo?
El actual Ejecutivo de Álvarez-Cascos debe corregir cuanto antes esta grave anomalía que ha contribuido a lastrar nuestra recuperación económica. El problema de fondo es que el Gobierno de izquierda que Asturias tuvo durante tres legislaturas pretendió dirigir la actividad privada y hubo empresarios que prefirieron vivir a la sombra del poder político que afrontar el riesgo a la intemperie, hasta el punto de que era el propio Areces quien se encargaba de dar a conocer los resultados de las compañías bien vistas por él. Es una de las razones por las que el catedrático Francisco Llera, director del «Euskobarómetro», se sorprende de que en el País Vasco proliferen los emprendedores, mientras que aquí, en su tierra de nacimiento, hay quien sigue esperando que alguien solucione nuestros problemas. También hay, a pesar de todo, empresarios y trabajadores ejemplares.
Asturias no necesita intervencionismos de izquierdas, ni de derechas, ni transversales. Lo que precisa son normas de juego claras e iguales para todos, y fomentar la iniciativa individual para generar empresas creadoras de puestos de trabajo plenamente justificados para competir en calidad y precio con los demás. Somos muy capaces de lograrlo, sólo hacen falta estímulos a la creatividad y al emprendimiento.
EDITORIAL LA NUEVA ESPAÑA.
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