De lo que estoy seguro es de que Ángeles González-Sinde ha cumplido uno de los objetivos que tienen nuestros actuales gobernantes: pasar a la historia. Sinde pasará a la historia por dos cosas: ha sido la ministra más impopular del Gobierno más impopular de la actual democracia española y, en segundo lugar, por poner nombre a la adicional segunda de la Ley de Economía Sostenible que, en definitiva, implanta en un Estado de derecho una comisión para la censura del medio de comunicación del siglo XXI, Internet. Pero nuestra nueva inquisidora, no conforme con ese papel protagonista, adoptado de encargo, va a más y se encara contra el interés general para apoyar, contra viento y marea, el hoy ilegal canon digital, al parecer por un motivo tan legítimo como loable: preservar y defender los derechos de autor en nuestro país a pesar de que la recaudación, gestión y distribución de esa tasa, en estos momentos declarada nula por nuestra Audiencia Nacional, sea responsabilidad de las sociedades privadas de gestión de los derechos de autor y, en definitiva, el control de movimientos de ingentes cantidades de dinero recaigan en ella misma en su calidad de ministra de la cosa.
Pero cuando se piden cuentas sobre sus tuteladas, dice la ministra, por cierto socia de la SGAE, que no tiene competencias para vigilar a las entidades de gestión porque esa posibilidad fue transferida a las comunidades autónomas en 1997.
Pensando de la mejor manera, la ministra no debe saber que, según el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 159 dice que “el Ministerio de Cultura podrá exigir de estas entidades cualquier tipo de información, ordenar inspecciones y auditorías y designar un representante que asista con voz pero sin voto a sus asambleas generales, consejos de administración u órganos análogos”...
También la ministra debe desconocer que el Senado español, en noviembre de 2008, instó al Gobierno para que, atendiendo a las facultades del Ministerio de Cultura, este proceda a presentar ante el Congreso y el Senado, un informe anual sobre las correspondientes memorias de las entidades de gestión, sus balances y cuentas anuales, además de datos sobre la distribución de las cantidades recaudadas por cada entidad de gestión entre sus miembros. Y, además, que inicie el procedimiento de transferencia a las CCAA de las competencias y facultades que en esta materia legalmente les son propias. La connivencia de la ministra con las gestoras en este asunto son evidentes, y que hayamos llegado a esta situación es responsabilidad suya en muy buena parte; de hecho, el pasado 24 de junio se estableció el primer traspaso a una comunidad autónoma, concretamente a la del País Vasco, de la primera transferencia en este sentido.
Claro que, así las cosas, a quién puede extrañar que Santos Castro, ahora director general de Política e Industrias Culturales del ministerio, y ex de relaciones institucionales de la SGAE, sea el probable presidente de la también inquietante Sección Segunda que en unas semanas está previsto que pueda adoptar las medidas necesarias para cerrar webs o eliminar contenidos que, directa o indirectamente, puedan causar un daño patrimonial por vulnerar la propiedad intelectual. Y que de las primeras cosas que dijo al ocupar su cargo fue que las empresas deberían seguir pagando el canon del que Europa les acaba de eximir.
La ministra, que en la actualidad está denunciada por conflicto de intereses ante la Audiencia Nacional por la Asociación de Internautas, está haciendo de su capa un sayo y muy probablemente hemos llegado a esta situación de alarma social por ese motivo. Por eso cobra actualidad la petición que hizo la Asociación de Internautas al señor Zapatero el mismo día que la designó para el cargo y que, en definitiva, concluía que, dada la incapacidad de doña Ángeles González-Sinde, para entender Internet y la sociedad emergente, y que, sin perjuicio de la jerarquía administrativa, también está en riesgo la objetividad, imparcialidad e independencia del alto cargo que le ha sido encomendado, en especial siempre que intervenga alguna de las instituciones mencionadas, y en general en todo lo referente a la gestión de contenidos culturales y derechos de autor, se reconsidere su continuidad al frente del ministerio tal y como clama toda la Red.
El caso es que Zapatero, con la designación de Sinde como responsable de la cartera de Cultura, no sólo dio la espalda al interés general; además impidió a España varios años de progreso e innovación en materia de desarrollo para la Sociedad de la Información, aparte de que hoy los autores se hallan inmersos en la confusión y el más absoluto desamparo.
VÍCTOR DOMINGO, PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE INTERNAUTAS
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