Opacidad y corporativismo

El corporativismo y la opacidad parece que siguen imperando en el seno de la SGAE a pesar del monumental escándalo que ha causado en la opinión pública el conocimiento de la trama para desviar fondos por la que su presidente, Teddy Bautista, y dos de sus directivos han sido imputados por delitos de apropiación indebida y de administración fraudulenta. Así, en lugar de cesar de manera fulminante a quienes están bajo tan grave sospecha, la dirección de la SGAE ha anunciado este martes la creación de una "comisión rectora" que mantendrá a Bautista en su cargo de presidente y que se encargará de llevar a cargo una "investigación interna" cuyas conclusiones quedarán reflejadas en un informe que se comprometen a entregar a la Audiencia.

Causa sonrojo tener que recordar que, respecto a la SGAE, no estamos ante una empresa o compañía como las demás. Se trata de un organismo, supuestamente sin ánimo de lucro, al que se le ha concedido, en nombre de una abusiva concepción de la defensa de los derechos de autor, un estatus político y al que se le otorgan cuantiosas subvenciones públicas mientras se le permite esquilmar a todos los ciudadanos mediante el cobro de cánones cuya legalidad está en cuestión. Al tratarse de una especie de "agencia tributaria de los derechos de autor", el estándar de responsabilidad debería ser el mismo que cabe exigir a un político bajo sospecha de haber cometido delitos tan graves como los que presuntamente perpetró Bautista. Eso, por no hablar de la necesidad de repetir unas elecciones que también han quedado bajo sospecha en el auto judicial.

Pese a que la opacidad y el corporativismo constituyen el terreno ideal para que puedan perpetrarse delitos como los que salpican a la SGAE, su directiva ha respondido ante el escándalo con nuevas dosis de opacidad y corporativismo. No otra cosa puede decirse del hecho de que mantengan a Bautista en su cargo o de que la "investigación interna" corra a cargo, no de un grupo al margen de la actual directiva, sino de miembros de la misma, íntimamente relacionados con su presidente.

Seguramente, esta impresentable reacción se deba al hecho de que la actual directiva de la SGAE haya gozado de la protección del Gobierno de Zapatero, a quien muchos de los artistas que han salido a la palestra en defensa de Bautista ayudaron en sus pasadas campañas electorales. Es más: según revelan varias conversaciones telefónicas del cabecilla de la red fraudulenta, el director de la filial digital de la SGAE (SDAE), José Luis Rodríguez Neri, contenidas en el auto del juez Ruz, la trama podría salpicar a varios Ministerios como el de Industria, Justicia y Cultura. Tiempo habrá para esclarecerlo. Pero lo que parece evidente es que el Gobierno tiene una indiscutible responsabilidad in vigilando, pues suyo es el deber de control respecto de un dinero que, al fin y al cabo, los ciudadanos hemos pagado con la misma coerción con la que pagamos un impuesto.


EDITORIAL LIBERTADDIGITAL.COM