La gente sabia afirma que es importante atender a los silencios, porque a
veces son más elocuentes que las propias palabras e, incluso, más
deliberados... y por ello, en ocasiones, en el debate político parece
razonable poner la lupa en las omisiones, porque no suelen ser fruto del
azar, sino producto de estrategias deliberadas de quienes no quieren
escuchar lo que los ciudadanos piden. El viernes pasado se debatió en el
Pleno de la Junta General del Principado, el dictamen de lo que
conocemos como «Propuesta de reforma electoral» asturiana. Pero en él
-un dictamen que aborda la necesidad de hacer cambios sustanciales en
una reforma electoral de nuestro Parlamento- no se incluía una
imprescindible propuesta del Partido Popular que debería ser punto de
partida irrenunciable en los tiempos que corren. Un cambio que es
posible, necesario y coherente con el sentir general: reducir el número
de diputados autonómicos de los 45 actuales a 35. Y con ello tratar de
hacer «más con menos». Defendemos la reducción porque consideramos que
hay razones sobradas para cambiar, porque no podemos ser ajenos a la
situación económica y política en que vivimos y que nos obliga a todos,
empresarios, trabajadores, familias y gobiernos, a adaptarnos a una
dimensión más austera y sostenible.
Parece sentido común. Sin
embargo, el Partido Popular, a través de su grupo parlamentario en la
Junta, se ha quedado solo en esto. Ninguno de los otros grupos
parlamentarios apoyó nuestra propuesta, defendida con gran nitidez y
contundencia argumental por nuestro compañero el diputado Luis Venta
Cueli. Una propuesta que no sólo fue rechazada ya durante la comisión,
cuando el tripartito, PSOE, IU y UPyD, votó en contra, sino que fue
ninguneada y hurtada al debate y a posibilidad alguna, porque no fue
incluida en el dictamen que se debatió en el Pleno.
¿Razones?
Pocas hay... había una primera excusa, acerca de que eso supondría
modificar el Estatuto de Autonomía, pero no es así, porque el Estatuto
ya prevé que la horquilla de diputados autonómicos vaya de esos actuales
45 a los 35 que propone el PP. Y descartada la pega estatutaria, ¿qué
argumentos quedan para negarse? ¿Por qué oponerse a ajustar el número de
parlamentarios? ¿Sólo porque eso afecta a los que deben decidirlo? No
es admisible. No, cuando les estamos pidiendo a los demás que hagan
esfuerzos titánicos. De la Junta General, como bien dijo el otro día
Luis Venta con total nitidez, deben «salir señales claras de austeridad,
de correspondencia y corresponsabilidad con la sociedad asturiana».
Y
no es que desde el PP pensásemos que sería fácil conseguirlo, sobre
todo teniendo en cuenta que alguna de las fuerzas del tripartito
asturiano, como UPyD, a nivel nacional están en la línea opuesta,
proponiendo incluso aumentar hasta 400 los diputados españoles -muy
legítimo, por supuesto- alegando razones de más representatividad e
igualdad. Sólo que aquí, y en paralelo, IU y UPyD no parecen darle tanta
importancia a esos términos cuando en el dictamen proponen cambios que
llevan directamente a una merma de la representatividad de las alas de
la región. Cambios de peso a los que el PP se opone, porque somos de los
que pensamos que los ciudadanos del oriente y occidente de Asturias
tienen los mismos derechos que los del centro, y no nos parece razonable
que IU y UPyD, con el apoyo que los socialistas les brindan en
agradecimiento por dejarles gobernar, pretendan -como bien dijo Venta
Cueli- que «el voto de un señor de Ponga o de una señora de Boal sirvan
en realidad para elegir un diputado de Avilés, Oviedo o Gijón», y todo
porque a sus ilustres minorías les venga mejor para sumar restos y sumar
diputados... No digo yo que no tengan derecho a intentarlo, pero eso no
es pensar en los ciudadanos, ni en la representatividad, ni en nada
semejante. Eso es pensar sólo en ellos mismos y en lo que algunos dan en
llamar «intereses de partido». Que no lo disfracen de otra cosa.
LAURA SAMPEDRO, SENADORA POR ASTURIAS DEL PARTIDO POPULAR
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