Transparencia "urgente e inaplazable"

Vivimos tiempos muy duros, en los que todos, con más o menos margen, miramos bien el monedero antes de gastar. Sacrificio, esfuerzo y esperanza en el futuro… parece no haber más. Y al tiempo, día tras día, las noticias nos golpean con excesos o dispendios de algunas personas –pocas respecto a la mayoría, pero demasiadas en cualquier caso- que han accedido por vía política, sindical, empresarial o administrativa al poder financiado con fondos públicos, y que -con mala fe o sin ella-, se han permitido hacer “de su capa un sayo” con dinero de todos. Y esto es algo que se tiene que acabar. Los ciudadanos, -incluidos por supuesto los políticos -que somos a nuestra vez también ciudadanos afectados a la par que sujetos a controlar- queremos y merecemos tener la capacidad de controlar en qué se gasta el dinero que entre todos aportamos.

Consciente de esa necesidad y demanda social ineludible, el Gobierno ha puesto su empeño en sacar adelante la denominada Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que avanza ya en su trámite parlamentario. Una Ley a todas luces urgente e imprescindible para que los ciudadanos recuperemos la confianza en instituciones y gobernantes, y que es -además de necesaria-, un auténtico acto de justicia, porque si con las nuevas tecnologías y cruce de datos, los ciudadanos somos cada vez más transparentes ante la Administración, es exigible que ésta y todos aquellos que dentro de ella detentan el poder, también lo sean.

Para ello, una de las medidas básicas de la Ley es establecer la obligación por parte de las administraciones de publicar información “sin requisito de solicitud previa” para que los ciudadanos tengamos toda aquella información relativa a la gestión del dinero público. Pero la ley no solo afectará a las Administraciones, ya sean Ayuntamientos, Gobiernos Autonómicos o al propio gobierno central, sino que amplía su radio de acción a tantos y tantos organismos que el ciudadano tiene muy claros como objetivo por estar financiadas total o parcialmente con dinero público y que por fin tendrán un control y una luz que permita conocer su gestión. ¿Qué a qué me refiero? Pues al Banco de España, por ejemplo, o a los partidos políticos, sin duda, y por supuesto a los sindicatos, así como a muchas otras entidades privadas que reciben financiación pública relevante, a las que hay que añadir la Monarquía, que se someterá al mismo régimen de transparencia del Congreso, Senado y Tribunal Constitucional, siendo la primera monarquía en toda Europa en someterse a esta obligación legal.

Ya, ya oigo “La Pregunta” así, con mayúsculas ¿Pero…habrá sanciones? Porque si hay algo que nos indigna a todos es que mucho decimos y escuchamos, sobre el despilfarro y la mala gestión, pero al final son comportamientos que parecen saldarse con un simple “lo siento” y como mucho con un “me voy” sin reparar el daño causado… Pues ¡Sí! con esta ley, se refuerzan las sanciones por este tipo de comportamientos políticos inadecuados, incluyendo las infracciones por conflictos de intereses, incumplimientos disciplinarios, gestión económica y la propia obstrucción al ejercicio de transparencia.

Es evidente por tanto, que estamos ante una Ley importante para la mejora de nuestra calidad democrática, porque aumenta información que los ciudadanos tendremos sobre cómo se gestiona nuestro dinero, lo que nos permitirá decidir mejor cuando elijamos nuestros gobiernos. Y es una Ley que nos permitirá avanzar en la prosperidad porque reforzará y marcará una línea de honradez como sociedad y como país, merecedor de confianza aquí y en el exterior.

Por todo ello, no cabe duda de que una ley así necesita el apoyo, colaboración y consenso de todos los grupos políticos, y frente a ella ya no caben posturas de perfil como exigirla y al mismo tiempo abstenerse u oponerse sin presentar alternativas, porque eso, lo que demostraría es, que quienes lo hacen, no quieren la ley en realidad, y llevaría a los ciudadanos a pensar, que quién no apoya la Transparencia es porque se prefiere la opacidad… aunque diga lo contrario, y los españoles ya no estamos para “juegos de trileros”.

LAURA SAMPEDRO, SENADORA DEL PARTIDO POPULAR POR ASTURIAS