No me cabe duda de que entre esos temores nocturnos que a todos nos acechan en algún momento de nuestra vida está el no alcanzar, no llegar a tener o verse en la tesitura de perder un techo bajo el que vivir. En ese sentido, además, parece que los españoles traemos «incorporada de serie» la idea de la vivienda en propiedad. Nos han educado así. Lo logremos o no, nos pasamos la vida con ese objetivo en mente, y está claro que lo del alquiler lo tomamos como un mal menor y a ser posible temporal, un paso hacia la «propiedad». Tal vez por eso -entre otros factores- el mercado del alquiler no despega, las viviendas desocupadas abundan y los edificios antiguos se dejan «morir» en busca de nuevas construcciones.
En ese orden de cosas, la semana pasada el Gobierno aprobó varias iniciativas complementarias que buscan apostar por el alquiler y la rehabilitación de la vivienda. Porque, sin duda -siempre, pero más en tiempos de crisis-, es importante cuidar lo que ya tenemos, así como velar por que la vivienda sea accesible para todos y sobre todo para los más vulnerables, por lo que una de las prioridades consistirá en dar preferencia en el acceso a las ayudas al alquiler a las personas afectadas por procedimientos de desahucio, así como facilitar el acceso a la vivienda a quienes tienen menores recursos aumentando -entre otras medidas- el número de beneficiarios de las ayudas al alquiler, cuya concesión se hará, además, de forma más equitativa.
En esa misma línea, el Grupo Popular en el Congreso acaba de enviar a los demás grupos un texto refundido del proyecto de ley y la ILP sobre desahucios. Un texto -y esto es importante- que recoge las aportaciones de todos los grupos parlamentarios por medio de enmiendas -más de cincuenta del PSOE, pero también de Izquierda Plural, UPyD, CiU, Grupo Vasco y Mixto- presentadas durante el trámite, dando un paso esencial en la protección del deudor hipotecario, al tiempo que mantiene la seguridad jurídica necesaria para que el mercado siga funcionando.
Son medidas que buscan proteger a las familias que por razones sobrevenidas se ven en la imposibilidad de hacer frente al pago de una hipoteca que en muchos casos llevan años pagando y para los que se trata de buscar la vía por la que evitar que tengan que abandonar su casa o que -en tal caso- se modere la carga de la deuda que asumieron en su día con el banco.
La normativa es ambiciosa: suspensión de lanzamientos, paralización de ejecuciones con cláusulas abusivas, reducción de intereses de demora, límite a participación de bancos en las tasadoras y subastas con valores mínimos de salida. Y no sólo la «dación en pago», que es interesante, sin duda, siempre que no olvidemos que supone la pérdida de la vivienda, pero que no lo es «todo» -hay que buscar primero vías de negociación con el banco para modificar cuotas o plazos que permitan a las familias seguir viviendo en sus casas-. A lo que hay que sumar que el Gobierno ha puesto en marcha el Fondo Social de Viviendas, para que quienes hayan sufrido un desahucio desde enero de 2008 puedan acceder a un alquiler a precio moderado que cuenta ya con seis mil viviendas, en cuya gestión participan de forma activa diversas ONG.
En suma, estamos trabajando a destajo para legislar, negociando y escuchando, con el fin de paliar los desequilibrios y proteger a quienes tienen menos oportunidades y a los que están en la cuerda floja, así como para generar un futuro con nuevas oportunidades para todos. Pero esta voluntad de diálogo no es compatible con aceptar y asumir que una minoría pretenda imponer su propia postura de forma tajante acosando con persecuciones o insultos a los representantes elegidos en las urnas por más de once millones de españoles. La democracia es de todos y no puede ser rehén de una minoría, por muy amenazadora que ésta pueda llegar a ser.
LAURA SAMPEDRO, SENADORA POR ASTURIAS DEL PARTIDO POPULAR.
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