Todos tenemos muy claro que no pagar lo que se debe está mal y que vivir de las apariencias, por encima de las posibilidades de uno, «moroseando» por todas partes, está peor. Por eso, a principios del año pasado, causó sobresalto constatar hasta qué punto un comportamiento que no nos toleramos entre ciudadanos había ido sigilosamente proliferando y enraizando durante años, anidado en los cajones de las distintas administraciones que, tal vez llevadas de la euforia general o de un «efecto contagio» en plan «el de al lado tiene piscina o aeropuerto, no voy a ser yo menos», llegaron a dejar sin pagar hasta 27.303,2 millones a 49.104 personas físicas, 94.723 pymes y 1.193 grandes empresas que, con buena fe, mejor ánimo y mucha ilusión, habían visto en su día cómo ayuntamientos y autonomías les encargaban obras que luego no les pagaron, llevándolos a un estrangulamiento financiero difícil de sostener. Esta morosidad, aparte de ser en sí misma una injusticia, suponía además un tapón económico insostenible, porque -asfixiados- los proveedores dejaron de poder generar y hacer circular riqueza o contratar, un serio estrangulamiento económico que llevó al Gobierno de Rajoy a poner en marcha una de las medidas más aplaudidas y valoradas del año pasado: el denominado plan de pago a proveedores por el que se transfirieron las cantidades necesarias a las administraciones morosas para que hicieran frente a esos pagos, aportando oxígeno y movimiento al sistema económico.
Pero siendo honestos, con ser una gran medida, el plan de proveedores no deja de ser un instrumento resolutorio de carácter extraordinario. Somos muchos los que queremos y exigimos que el fondo del problema no se vuelva a repetir. Ninguna Administración debe poder guardar en un cajón las facturas que no quiere o no puede pagar durante tiempo indefinido. Porque inmersos como estamos en esta nueva conciencia que la crisis trae consigo, nos queda a todos muy claro que ni como políticos ni como ciudadanos podemos permitirnos ni permitir que las administraciones contraten servicios u obras para «vender» políticamente el «lo que sea» de turno -polideportivo, parque, sendero, papeleras...- y creer que sale gratis, como si los contratados no hubieran tenido que pedir créditos a los bancos para hacer frente al desembolso de haber realizado la obra o el servicio, pagar o dejar a deber a los que a su vez dependían de ellos, o seguir pagando los distintos impuestos.
Y en esa línea es importante el anuncio del ministro Montoro de que en esta primera parte del año va a articular el mecanismo por el que será el Ministerio de Hacienda -que es el que gestiona la participación en los ingresos del Estado de una comunidad autónoma o Ayuntamiento- quien pueda encargarse, en caso necesario, de detraer los recursos a la Administración morosa para que un proveedor cobre.
Un mecanismo que, más allá de lo correcto y lo práctico que pueda ser, de algún modo parece llevar incorporado un extra de «justicia cósmica» por así decirlo... porque no cabe duda de que sería muy motivador que esa Hacienda, que siempre parece estar al acecho para que no desviemos ni un euro de la hucha común, sea la garante de que las administraciones, que para recaudar son inflexibles, sean igual de rigurosas a la hora de pagar al ciudadano que les sirve y provee. Lo que además nos lleva directamente a lo que debemos ser, un país serio, una sociedad seria, donde cuando uno encarga algo lo paga, donde no se viva sólo de apariencias y mucho menos desde las administraciones públicas.
LAURA SAMPEDRO, SENADORA POR ASTURIAS DEL PARTIDO POPULAR
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