¿Montesquieu ha muerto?

Con motivo de las protestas del Grupo 15M, Democracia Real Ya, o como quieran darse a conocer los denominados “Indignados”, se ha instalado una gran queja social sobre la falta de democracia real. Ésta se debería a que los políticos monopolizan todos los poderes: el Ejecutivo (cosa lógica), el Legislativo (también de forma lógica) y el Judicial, cosa que en un Estado Liberal no debería ser posible.

Hace casi 4 años, en una clase de Filosofía del Derecho, la Doctora Leonor Suárez Llanos nos decía que no existía separación de poderes en nuestro país ya que el poder Ejecutivo controlaba al poder Legislativo y al poder Judicial; ya que si bien era cierto que el Legislativo elegía al Ejecutivo, pero a partir de ahí, y dado que el Congreso suele ser afín al gobierno, tiende a aprobar lo que al Ejecutivo le place y a echar por tierra lo que no. Además, elige al Poder Judicial y lo controla por la elección de miembros afines y, finalmente, la figura del Fiscal General del Estado elegido directamente por el Consejo de Ministros. Ahora observaremos si esto es cierto.

Con respecto a la relación de los dos poderes meramente políticos, el Ejecutivo y el Legislativo, no es cierto que haya una obediencia directa entre un poder y el otro, como podemos observar los últimos días, con el gobierno moribundo de Rodríguez Zapatero, donde el Ejecutivo se enfrenta ante la necesidad de aceptar chantajes de partidos minoritarios en las Cámaras Legislativas para poder sacar adelante sus medidas y sobrevivir un día más. Sí lo sería en caso de una mayoría absoluta de una determinada formación política, pero en ese caso, también sería lógico que hubiera una relación directa entre ambos, pues si la gente mayoritariamente vota a una determinada opción política, significa que lo que quieren es un poder Legislativo acorde a las políticas del elegido poder Ejecutivo. Ese no es el caso de un parlamento donde no hay mayorías absolutas y nunca puede ser antidemocrático o contrario a la separación de poderes que el partido o partidos que sustentan al gobierno busquen el apoyo de otros grupos para sacar adelante sus políticas, si no todo lo contrario. Este supuesto es claramente una prueba de que la separación entre ambos poderes es real y nadie puede protestar por ello, otra cosa serán las motivaciones de los partidos minoritarios para aceptar las propuestas del Ejecutivo, pero ese es otro tema que estaría bien analizar en una entrada distinta.

Respecto a la interrelación entre el poder Legislativo y el Judicial, sí que tenemos un problema menos grave de lo que puede aparentar, ya que no responden siempre al cordel que les ponen los políticos que les nombran. Es el del nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial por parte de las Cortes, aunque últimamento ha habido una reforma por lo cual estos 20 miembros a elegir salen de una lista de 36 nombres confeccionada por las asociaciones de jueces con cierta representatividad, lo que no evita que haya una cierta politización del órgano que jamás debería existir. Esto se debe a que aunque en un principio en nuestra democracia a los miembros de este órgano, el encargado del gobierno de los jueces y el garante de que actúan conforme a la ley y de forma independiente y justa, fueran elegidos por los propios jueces. Sin embargo, en el año 1985 el Gobierno de Felipe González, con mayoría absoluta, decidió que eso no podía ser así, que tenían que ser elegidos por el poder Legislativo para tenerlos bien controlados. Ante las dudas que este hecho suscitaba, su mano derecha, el entonces Vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, respondía, emulando a Nietzsche con Dios, que “Montesquieu ha muerto”. Triste frase que describía el verdadero sentir democrático del Partido Socialista y triste hecho que aún a día de hoy, incluido un intervalo de ocho años de Gobierno de José María Aznar, todo lo que se ha hecho es dejar a las asociaciones, que todo el mundo reconoce que son conservadora y progresista, con lo que tienen una singular vinculación con los partidos mayoritarios. Ya debería ser hora de que los políticos liberalconservadores en cuanto tengamos la oportunidad, devolvamos a los jueces la facultad de elegir directamente a quienes quieren que les gobierne independientemente del color del gobierno de la nación.

En cuanto a la relación entre el Ejecutivo y el Judicial, mediante la Fiscalía General del Estado no estamos tan mal, la fiscalía nunca debe ser independiente, es la representante en el mundo judicial del Estado y por lo tanto ha de estar controlado por el mismo, el problema que tienen estos fiscales generales es que siempre han sido visto como el perro de su amo, aunque esto siempre estuvo más diluido hasta la aparición de Cándido Conde-Pumpido que llevó la politización de su cargo a su máximo exponente. Así que el problema en este cargo es la mala utilización del gobierno Zapatero del cargo en su interés particular, y no que haya una falsa separación en este punto.

Finalmente, y aunque no es en sí un Poder, tenemos al Tribunal Constitucional, que es un órgano meramente político cuyo cometido es salvaguardar nuestro estado constitucional. Está formado por 12 miembros elegidos de la siguiente manera: 4 por el Congreso, 4 por el Senado, 2 por el Gobierno y 2 por parte del CGPJ, y que siempre toca suelo cuando gobierna el Partido Socialista, ya que como hemos expuesto varias veces antes no tienen interés en nada que no sea controlarlo todo y utilizarlo para su propio beneficio. También, y en este caso es mi opinión particular como licenciado en derecho, se podría redistribuir mejor, y para una menor politización, la forma de selección de los 10 que son directamente elegidos por el Poder Político, a que estos sólo elijan un máximo de 4 (2 por el Congreso y 2 por el Senado), y abriendo el resto a otros estamentos del derecho, las facultades, los colegios de abogados, registradores y notarios, etc. De modo que este Tribunal, del que hay que recordar no es parte del Poder Judicial, consiga un aura de mayor transparencia y una realidad de mayor independencia con respecto a los políticos.

Así pues, queda demostrado que los llamados indignados tienen parte de razón en sus protestas y otras partes en las que andan un poco perdidos. Sólo nos queda esperar que el Partido Popular gobierne en este país tras las próximas elecciones generales, ya sean en noviembre o en marzo, y pueda, por un lado, recuperar el prestigio de instituciones que lo han perdido como la Fiscalía General del Estado o el Tribunal Constitucional (igual que pasó con el cambio del Gobierno González al Gobierno Aznar). Y, por otro lado, que consiga la recuperación total de las ideas de la separación de poderes del ilustrado francés, base del Estado Liberal.

JOSÉ MARÍA AGUIRRE GARCÍA DE LA NOCEDA, COORDINADOR DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN DE NUEVAS GENERACIONES DEL PARTIDO POPULAR DE GIJÓN.