Colapso total

EL Gobierno socialista sufrió ayer un «viernes negro» con la publicación de encuestas que revelan el desplome absoluto del empleo y el fracaso de la «operación Rubalcaba». Esto último es la conclusión más relevante de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizada cuando el presidente del Gobierno ya había anunciado que no repetirá candidatura en 2012. Los encuestados no premian al PSOE con un voto de confianza, e incluso rebajan la valoración de Pérez Rubalcaba, que suspende por vez primera.

Parece evidente que, cerrado el paraguas protector que suponía el protagonismo de Zapatero, el ministro del Interior se ha convertido en el rostro de la crisis económica y de la responsabilidad política del Gobierno. Era una consecuencia previsible de la decisión de Zapatero de no repetir como candidato, porque dejó expuesto a Rubalcaba, llamado a rescatar al Gobierno y al PSOE de la caída en las encuestas, a las críticas de la opinión pública y de la labor de oposición del PP. El desgaste provocado por el «caso Faisán» no es ajeno tampoco al decaimiento político de Rubalcaba.

Los demás datos de la encuesta del CIS se mantienen en niveles similares a los de enero, con la salvedad de que Rajoy es, también por vez primera, mejor valorado que Zapatero. La distancia de los populares aumenta respecto a los socialistas en tres décimas, lo que confirma que las tendencias de los votantes son inmunes a los movimientos internos del socialismo. El problema para el Gobierno y el PSOE es, en estos momentos, muy grave, porque tras la remodelación del pasado año y la renuncia de Zapatero no les queda más margen, salvo el de convocar un congreso para cambiar al secretario general, lo que obviamente debería suponer la celebración anticipada de elecciones generales. Y la razón de este consolidado rechazo de la opinión pública al Gobierno y al PSOE se explica de manera muy sencilla con la última Encuesta de Población Activa, publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística. Con más de 4.900.000 parados y una tasa del 21,29 por ciento de desempleo, solo hay un diagnóstico posible: el empleo en España está colapsado. Resulta lamentable que el ministro de Trabajo —denominación sarcástica a día de hoy— manipule la realidad culpando a una ley del PP —por tanto, de Rajoy— de la mayoría de los despidos. Además de incompetencia, este Gobierno tiene una alta reincidencia en la cobardía, porque nunca asume su responsabilidad por la gestión de una crisis de la que otros países, a los que Zapatero quería adelantar en renta «per cápita», están saliendo mucho mejor que España. Después de haber propiciado que se viviera por encima de las posibilidades reales de este país, de haber engordado el mercado inmobiliario, gracias al cual Zapatero se ufana de haber llegado a una tasa del 8 por ciento de paro, y de haber comprometido desmesuradamente el gasto público, las responsabilidades por la gravedad y la duración de la crisis española son exclusivas del Gobierno del PSOE.

Hoy hay 1.386.000 familias con todos sus miembros en paro. El desempleo juvenil supera el 50 por ciento en varias comunidades, todo un desastre para el futuro de esta generación. Aumentan los parados de larga duración y, además, se reduce el número de ocupados. Al margen de estacionalidades, el paro asciende en todos los sectores, lo que impide la movilidad de los trabajadores de unas actividades a otras. Como réplica agónica, el Gobierno ha puesto en marcha una regularización de empleo sumergido, mediante una amnistía a los empresarios defraudadores, para intentar mitigar la evolución del paro. Pero, al margen de que es un agravio para los empleadores legales, entraña un mensaje inaceptable de relativización de la realidad del paro. Por si fuera poco, la situación se agrava con un crecimiento constante de la inflación, que se sitúa en abril en el 3,8 por ciento. Aumenta la morosidad de las familias y las empresas, que siguen sin recibir financiación de cajas y bancos, mientras el Tesoro coloca su deuda, sí, pero a intereses crecientes. Este es el retrato de un país instalado en una tendencia de empobrecimiento, que quiebra la línea constante de riqueza que se había mantenido en los últimos treinta años.

Las reformas aprobadas o pendientes no sirven como excusa para no disolver el Parlamento y celebrar elecciones generales. España está parada, en lo económico y en lo político, y sufre un desgaste social que se demuestra en la disposición de nuestros jóvenes a emigrar y en el desánimo de cientos de miles de parados ante la evidencia de que no haya trabajo para ellos. Ya no es un problema solo de gestión. Lo que representa el Gobierno del PSOE para España es la expropiación del futuro y de las ilusiones. Las argucias políticas y los pactos de menudeo con los nacionalistas solo rentan al Gobierno para conservar el poder, no para gobernar una nación en crisis. Las reformas incompletas aprobadas por el Gobierno no funcionan, porque no hay confianza y porque mientras no haya crecimiento económico no habrá empleo, y sin empleo no hay opción alguna de remontar la crisis.

EDITORIAL ABC