Esto no es plan

Este artículo pretende dar una explicación básica a los jóvenes de nuestra agrupación sobre los perjuicios que puede suponer la anulación del Plan General de Ordenación Urbana recientemente acaecida. La empresa de tratar de ser didáctico es muchas veces complicada, pudiendo caer en diálogos que hagan al lector perderse y que no le permitan conectar con el contenido expuesto. Por este motivo, las explicaciones que aquí se arrojen serán muy básicas pero en todo caso orientativas y clarificadoras de la actual situación que desgraciadamente está viviendo nuestra ciudad, y la gravedad de la falta de un plan.

Una ciudad es difícil de definir como tal. Algunos la definirían cómo una historia asociada a un crecimiento demográfico, otros dirían que es simplemente un entramado de calles, para la mayoría es un lugar lleno de recuerdos en el que se desarrolla la vida cotidiana. La RAE realiza una definición compuesta de todas las anteriores, indicándonos cómo por ciudad hemos de entender un “conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas”.

Es nota característica de la meritada definición, el hecho de que una ciudad es siempre un entramado de calles y edificios. Con la entrada en el Siglo XX, y las distintas modificaciones que han ido surgiendo con los años en materia de responsabilidades Urbanísticas, una ciudad a su vez es una responsabilidad para los gobernantes de la misma en muchos aspectos. Podríamos decir que existen dos normas que nos clarifican la importancia de tener un gobierno municipal consistente y los fines que ha de perseguir el mismo. Si acudimos a la Ley de Bases de Régimen Local, y nos detenemos en un breve instante a analizar su exposición de motivos, podemos ver una referencia desde el pasado a lo que actualmente está ocurriendo:

“Pensemos ante todo en el Municipio, marco por excelencia de la convivencia civil, cuya historia es en muy buena medida la del Occidente a que pertenecemos. Tanto en España como en Europa el progreso y el equilibrio social han estado asociados desde la antigüedad al esplendor de la vida urbana y al consiguiente florecimiento municipal. Y viceversa, los períodos de estancamiento o de retroceso se han caracterizado igualmente por la simultánea decadencia de las comunidades ciudadanas, que en siglos ya lejanos llegó a consumarse con la ruina y extinción de los Municipios.”

Es curiosa la sabiduría del legislador de 1985, cuando ya tenía en mente la importancia y los perjuicios que iban a suponer las consecuencias de una crisis económica sobre el municipio. A su vez, junto con esta idea protectora de los municipios, dotados de mayor autonomía tras la Constitución de 1978, existe una Ley, tal y como es la 57/2003 de medidas para la modernización del gobierno local, la cual nos explica (igualmente en su exposición de motivos) la importancia que tuvo en el año 1999 el famoso Pacto Local por el cual se venía a impulsar una mayor potestad y autonomía de los municipios:

“Con ello se superó una de las grandes deficiencias de la LRBRL, y la experiencia positiva de la aplicación de la reforma del régimen local de 1999 demuestra que el camino más acertado es profundizar en la misma línea, de forma que se consigan simultáneamente dos objetivos:

1. Atender a la necesidad de un liderazgo claro y diáfano ante la sociedad, lo que exige ejecutivos con gran capacidad de gestión para actuar rápida y eficazmente.
2. Responder a la exigencia de un debate político abierto y creativo sobre las principales políticas de la ciudad, así como profundizar en el control de la acción de un ejecutivo reforzado, lo que implica que el Pleno desarrolle sus potencialidades deliberantes y fiscalizadoras.”

Hasta este punto, y como hemos podido ver, a los ejecutivos locales se les ha dotado de un papel preponderante en nuestro Ordenamiento Jurídico español y a su vez se les ha dotado de las armas para exigirles que actúen con rapidez y eficacia ante sus distintas tareas y cometidos.

Ahora que sabemos un poco más de la importancia de un gobierno municipal consistente y autónomo, es turno de centrarnos en una de las figuras relevantes de su ámbito de actuación: la planificación urbanística. Así como existen normas cívicas y de convivencia que el municipio ha de mantener, existen a su vez normas organizativas que deben ser respetadas. Una ciudad no puede crecer de cualquier manera, y del mismo modo, su crecimiento se ve sometido a limitaciones jurídicas. La concatenación de normas medioambientales, de fomento de la economía, de conservación patrimonial, etc… impiden que las ciudades puedan extenderse sin una orientación. Para ese fin, se publica un plan que contiene una división de los futuros terrenos que ocupará el crecimiento urbano y a su vez los contenidos que en esas divisiones podrán tener lugar. Por ejemplo, si la ciudad necesitase una nueva planta para el procesamiento de residuos, esta no podría ubicarse en cualquier sitio, deberá tener una localización concreta y una planificación puntual que le permita mantener la vida pacífica de los ciudadanos y respetar las normas que protegen nuestro medio natural. Si la ciudad quisiese expandirse de forma coherente con el fomento del empleo, por ejemplo, creando un nuevo polígono industrial, este a su vez deberá poseer una serie de condiciones de acceso (para evitar el tráfico rodado de camiones por la ciudad que afecten a la contaminación acústica), de instalación para las futuras naves industriales (con medidas para favorecer el reciclaje de sus vertidos o para realizar una política respetuosa de emisión de humos). Si por ejemplo, la ciudad quisiese destinar parte de su terreno municipal a la creación de un centro comercial, igualmente este deberá reunir unas características de acceso rodado, de impacto ambiental y de dimensiones.

En definitiva, todos esos elementos organizativos constan en el Plan General de Ordenación Urbana, el cual una vez publicado y aceptado, permite comenzar todas las políticas anteriormente descritas. ¿Qué supone por tanto la ausencia de plan?, pues bien, erradicar de un municipio la planificación urbanística supone dos cuestiones:

A) Dado que el plan anulado se estaría ejecutando pese a su litigiosidad y el proceso para eliminarlo, se crea un perjuicio a las personas que conforme a dicho plan ya comenzaron los trámites para edificar, ya realizaron las primeras obras, y obviamente pagaron sus correspondientes impuestos por el suelo que conforme al plan posee una calificación nueva. No quiero entrar en detalles sobre los estados del suelo cara a la construcción, solo decir que de un suelo rústico a uno urbano, la tributación es claramente distinta.

B) Dada la ausencia de plan consiguiente a la anulación del mismo, la ciudad carece de instrumento de crecimiento urbanístico y por tanto se estanca en un periodo de reinicio de las gestiones para elaborar un nuevo plan. O acudir a la figura menos consensuada y más polémica del plan parcial.

Comenzaba esta exposición realizando una definición de la importancia del municipio. A su vez esa importancia se traduce en una responsabilidad de sus gobernantes. Los Planes Generales de Ordenación son una vertebración de la vida y florecimiento económico de la ciudad, y sin ellos, la misma se queda estancada. En un periodo en el que cada vez urge mas un uso racional de los recursos económicos, geográficos y sociales. En un momento en el que la diferencia entre crear empleo, crear nuevos espacios para el recreo y deporte, para la convivencia, para el establecimiento de nuevas personas y empresas resulta fundamental.

Cómo no, dicho resultado es consecuencia directa de un gobierno dirigido por el Partido Socialista, el cual sin ningún reparo se permite el lujo de no hacer declaraciones más allá de la bravuconería y la autoafirmación. Difícilmente puede uno defender el trabajo bien hecho, cuando el propio poder judicial en su máximo exponente Autonómico (tal y como es el Tribunal Superior de Justicia) te lo desacredita por muchos y variados motivos.

Gijón se merece un crecimiento, se merece una lucha feroz contra la crisis actual, se merece empleo y progreso. Desgraciadamente, ya sabemos que opciones no representan más que la chapuza, las prisas, los favores y el trabajo mal hecho. E igualmente por desgracia, esas consecuencias las pagamos los ciudadanos.

ALEJANDRO LÓPEZ FERNÁNDEZ, AFILIADO NUEVAS GENERACIONES PARTIDO POPULAR DE GIJÓN