Con cierto rencor.

Hoy toca hablar del concierto, y no precisamente del musical. Recientemente, en aras del pluralismo o quizá del “pancartismo” (no busquen la palabra en el diccionario, es cosecha propia, considérenlo una inversión en I+D lingüística gratuita en tiempos de crisis) ha saltado en prensa la noticia de la retirada de los conciertos a los colegios “del Opus”. La Consejera de educación, en un ejercicio muy educado, ha decidido que hay que apostar por la enseñanza pública.

Desgraciadamente, y pese a que la consejera pueda ser amiga del diccionario de la RAE o del María Moliner (que sin duda les recomiendo) de definiciones sobre lo público ha demostrado saber bien poco. La figura del concierto público se debe a un único principio, en momentos en los que la Administración tiene el deber de prestar un servicio, y no tiene mecanismos para financiarlo, o los que tiene no le permiten hacerlo a corto plazo, se permite realizar a dichas Administraciones acuerdos de colaboración con empresas privadas ya instauradas con el fin de ofrecer un servicio subvencionado.

Se suele dar sobre todo en dos grandes campos, aunque la casuística puede ser ilimitada, siendo estos la Enseñanza y la Sanidad. El concierto no deja de ser un contrato, un acuerdo entre la Administración y la entidad privada. La Administración marca las condiciones y el precio, la empresa privada las acepta y se obliga a realizar el servicio según lo acordado.

De esta manera, de forma rápida y ágil, la Administración obtiene una solución inmediata ante una necesidad y Derecho de los ciudadanos. Muchas veces esa solución es incluso mejor que partiendo de lo público. Sobre todo por dos grandes motivos o argumentos:

A) Porque la Administración ahorra los monumentales costes de una obra pública con todo lo que esta implica. Expropiación de los terrenos según el caso, contratación con las empresas que realicen los edificios, suministro y acondicionamiento de las instalaciones, contratación de Funcionarios Públicos, etc. Es decir, que se traduce en una opción a largo plazo demasiado arriesgada para un servicio que se va amoldando conforme pasa el tiempo. Los núcleos poblacionales pueden variar, esa obra se puede ver completamente aletargada dados los impagos de la administración, o la ausencia de alumnos puede motivar que, pese a estar abiertas sus instalaciones y pagando su personal, no tenga utilidad ni sentido el servicio con el tiempo. Este último hecho está ocurriendo en muchas de las Universidades españolas, por el afán irresponsable de crear sedes de licenciados sin un verdadero propósito de la demanda real de esos profesionales que preparan.

B) Porque la Administración acude a centros con experiencia y personal cualificado. Es decir, que el colegio con su famoso “know how” que tanto gusta usar a los ingleses, aportará unas buenas instalaciones y profesorado para educar a los jóvenes.

Ambos motivos son igualmente positivos y ventajosos, máxime en época de recortes. Como ya hemos visto, para nada se traduce en un peor servicio, esas empresas docentes privadas muchas veces tienen más de lo que el erario público permite pagar por alumno.

No obstante, nuestra Consejera, en un puro ejercicio de “pan y circo”, engatusa a sus fieles con una frase ridícula que desluce y mucho su cometido como representante del área de cultura y formación. Vamos a apostar por lo público, quitamos el concierto al Opus. Que desde la Consejería de Cultura se muestre verdadera ignorancia me horroriza. Primero porque demuestra un afán “pseudochovinista” (otra mas para el diccionario) desdibujando las instituciones docentes de la Obra cómo nidos de oración y poco mas. En esos centros docentes, en los que el redactor tuvo la suerte de formarse, se enseña matemáticas, dibujo técnico, lengua, filosofía, etc… etc… con gran éxito formando personas y a su vez logrando pleno en las pruebas de acceso a la universidad año tras año. Si ese resultado no es suficientemente merecedor de subvención para dar una educación puntera a los jóvenes asturianos, permítanme que me ría. Horroriza igualmente puesto que en la vertiente femenina de estos colegios, se obtienen los mismos resultados ayudados por las grandes profesionales que trabajan en dicho centro. 

Esto unido a la gran tasa de fracaso y abandono escolar que presenta la educación pública, hace que sea incluso un acto temerario y negligente por parte de la consejera, la cual invierte en una fórmula que por diversos motivos ni funciona, ni da oportunidades en igualdad a los jóvenes.

Y dicho esto, podríamos entrar en la igualdad que representa la gestión socialista de la cultura en Asturias. Quizá sea prudente citar al predecesor (dentro del PSOE) de nuestra actual Consejera y su gusto por lo público desde el mangoneo al empresario mas que privado. Normal que queramos invertir en nuevos centros, dotándolos de forma tan legal y limpia de materiales y mobiliario.

Podríamos hablar también de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que devolvió el concierto a esos mismos colegios hace un par de años reconociéndoles su plena legitimidad para tenerlo y poder ofrecer a sus alumnos. Siendo si cabe mas flagrante que el gobierno Socialista, que se dice de todos, obligue a un centro educativo a pasar por un verdadero calvario de tramitaciones judiciales draconianas para obtener lo legítimamente suyo. Nuevamente, vergüenza para la gestión socialista y sus prácticas oscuras, las cuales conllevan siempre un sobrecoste para el administrado y un rumbo desorientado entre eslóganes y pancartas muy bonitas cara a la galería, pero ineficientes y (conforme la sentencia anteriormente citada reconoce) contrarias según que casos al Derecho. Atacar empresas asturianas es contrario a una economía eficiente realizada por unos gestores de todos.

Desde aquí mi mas cordial saludo y admiración por todos los profesores de los mal llamados colegios del “Opus” en Asturias. Grandes profesionales, mejores personas, y ante todo verdaderos formadores de los jóvenes que en día de mañana sabrán pensar por si mismos, y luchar por sus ideas. Gracias, y disculpen a tan ridícula administradora pública.

ALEJANDRO LÓPEZ FERNÁNDEZ