En estos días se puede uno encontrar a un diputado socialista en el Congreso refiriéndose a la «épica de las manifestaciones mineras» que se están desarrollando estas últimas semanas, y comparando éstas con las movilizaciones de los viejos tiempos de Franco, en las que lamenta no haber estado. Escasa memoria tiene este diputado, el señor Trevín, para más señas, cuando no cita la «épica» de otros sindicalistas, no de su partido y no en tiempos de la Dictadura, sino en unos más recientes, que fueron detenidos y conducidos a la cárcel cuando este aguerrido diputado ejercía sus funciones de delegado del Gobierno y era, por tanto, el máximo responsable en Asturias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tampoco se acuerda el intrépido parlamentario cuando, desde el cargo gubernativo, se dedicaba a poner multas a troche y moche a diputados y concejales del Partido Popular por «cortar el tráfico ordenadamente» durante cinco minutos en una rotonda para reivindicar esta o aquella actuación.
En la táctica del «todo vale», el audaz diputado lo mismo utiliza la prestada lámpara minera para «alumbrar» su intervención en el Congreso, acompañado con espectadoras de corifeo (alguna de baja desde antes de la huelga para que no afecte al bolsillo), que defiende sin sonrojo enmiendas al Presupuesto «para salvar la minería» con cargo a unos remanentes que previamente se habían comido sus compañeros del Gobierno anterior. La realidad de los hechos y las responsabilidades de quienes nos han llevado a esta situación, mejor no mentarlas.
La minería lleva dos meses en huelga y todavía no ha salido a desmentir al PP ni un socialista ni un sindicalista. Estoy esperando a que alguien niegue si no ha sido cierto que desde 2006 a 2011 se desviaron más de 3.500 millones de euros de los 8.000 presupuestados para su transferencia desde el Ministerio de Industria al Instituto del Carbón. ¿Nos podrían indicar a donde fueron destinados esos fondos? Desde luego no a la minería, porque de no ser cierto este desvío, solo con un 10% de esos 3.500 millones de euros habría quedado resuelto el actual problema de las explotaciones mineras.
Sería esclarecedor que algún político socialista, sea o no sindicalista, nos explicase qué hizo su partido a favor de la minería el pasado año, cuando el señor Zapatero, para cumplir con las exigencias de la UE de disminución del déficit por importe de 15.000 millones de euros, redujo en marzo a 688 millones los 1.078 presupuestados en el Ministerio de Industria para el Plan de la Minería. Este recorte no llevó a socialistas, comunistas y sindicalistas a adoptar actuación alguna en ningún Parlamento, ayuntamiento o en la calle. ¿Tan grave es que ahora se produzca una disminución del 4% en el Presupuesto de 2012 con una dotación de 656 millones?
Tampoco hemos visto a ningún socialista negar el hecho de que el anterior gobierno de Zapatero dejó sin abonar el último cuatrimestre de las ayudas a las empresas mineras, con lo cual de los teóricos 309 millones de euros que estaban presupuestados en esta partida, solo se pagaron 227. El simpático ZP dejó una deuda pendiente de 75 millones a los que tuvo que hacer frente el nuevo Gobierno del Partido Popular en 2012 con cargo al Presupuesto de este año.
Asimismo, es sorprendente la amnesia que demuestran los socialistas con la política desarrollada por el anterior Gobierno en estos últimos dos años cuando no recuerdan que la Decisión 787 aprobada por la UE en 2010, que pone fin a la minería española, fue aprobada en el mandato PSOE. En aplicación de esta Decisión, el Gobierno Zapatero aprobó en 2011 el plan de cierre de todas nuestras explotaciones. Ahora los socialistas no tienen empacho en solicitar la pervivencia de la minería no competitiva y subvencionada más allá del 2020, como si la Decisión comunitaria no fuese con ellos.
No tratan de desmentir con datos fehacientes esta realidad, sencillamente, porque no pueden hacerlo. La estrategia de los socialistas es la de lanzar a sus agentes electorales a repetir sin pausa el argumentario de la falsa reducción del 63% de los presupuestos destinados al carbón por el gobierno del PP. «Que quiere cerrar la minería», remachan a continuación. Ya hemos visto lo que ellos defendieron el sector en su momento.
Sorprende que con la que ha caído en estos últimos años, los mineros estén embarcados en una huelga preventiva ilegal, en la que no ha habido ni un sólo despido y basada únicamente en que unas empresas solicitan más dinero al Estado para enjuagar sus supuestas pérdidas. Es curioso como en la minería astur-leonesa los sindicatos de clase defienden ardorosamente, y hasta con violencia, los intereses del empresario. Esto no ocurre en ningún otro sector ni en ninguna otra parte de España. ¿Por qué será?
Los responsables de Hunosa y la SEPI han salido ya públicamente hasta en cuatro ocasiones a declarar que garantizan el empleo en esta empresa pública, que supone el 45% del total de la minería. En Encasur están trabajando, en Aragón ya han dicho que subiendo un poco la producción se encontrarían en condiciones de asumir el ajuste y la Hullera Vasco-Leonesa ha llamado a los trabajadores a dejar la huelga? Entonces, ¿qué sucede?, ¿cuál es el verdadero motivo de esta huelga?, ¿acaso el sector minero quiere ser el único en España sin ajustes?, ¿no será que SOMA-UGT y CC OO están haciendo el juego a algún millonario empresario del carbón que todos sabemos como «funciona»?
Desgraciadamente, son muchos los que se están dejando guiar por quienes no dicen la verdad de lo que ha pasado hasta ahora, que son los mismos que han ocultado lo que han hecho o han permitido hacer. Quienes encabezan esta huelga y quienes les teledirigen no quieren que se sepa la verdad porque comparten intereses políticos, sindicales y empresariales. Por eso, a pesar de mis muchos años en política, la práctica burda de la demagogia no deja de asombrarme.
RAMÓN GARCÍA CAÑAL, PP ASTURIAS.
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