¿Por qué alguien nos querría pobres?

A lo largo de los últimos años, el precio del petróleo ha subido hasta cotas que nadie hubiera podido imaginar hace un par de décadas. Eso ha hecho que algunos yacimientos que hasta ahora no eran rentables pasen a serlo. Es el caso, por ejemplo, de los yacimientos de arenas bituminosas, de los que puede extraerse petróleo mediante un complicado proceso de producción que los altos precios del crudo han hecho rentable.

El 70% de las arenas bituminosas del mundo están en Canadá, donde esos yacimientos ocupan una superficie equivalente a la cuarta parte de España. Eso convierte a Canadá en la segunda mayor reserva mundial de petróleo, después de Arabia Saudí.

La explotación de esos yacimientos, que comenzó a gran escala en 2003, ha tropezado, sin embargo, con una creciente oposición de los grupos ecologistas canadienses, que han utilizado el argumento del impacto ambiental para tratar de detener, o al menos limitar, la extracción y transporte de ese petróleo que constituye una enorme fuente de riqueza para los canadienses.

El pasado mes de enero, el Ministro de Recursos Naturales de Canadá desataba un acalorado debate político en su país al denunciar que esas organizaciones ecologistas canadienses que se oponen a la explotación de los yacimientos de arenas bituminosas se estarían nutriendo de ingentes cantidades de dinero procedentes de organizaciones estadounidenses. Esas denuncias del ministro canadiense se basaban en las investigaciones de la periodista Vivian Krause, que durante cinco años ha estado siguiendo el rastro de los fondos con los que se financian esas organizaciones ecologistas, y que ha podido demostrar que desde el año 2000 han recibido no menos de 300 millones de dólares procedentes de Estados Unidos, para distintas campañas de protesta. En algunos casos, esas campañas financiadas con dinero estadounidense tenían un objetivo comercial bien claro, como por ejemplo la campaña que las organizaciones ecologistas emprendieron contra las granjas de salmones canadienses, cuya producción competía con éxito con la industria estadounidense de la pesca de salmones salvajes. Aquella campaña de las organizaciones ecologistas contra las granjas canadienses de salmones, financiada con dinero estadounidense, incluyó la divulgación de falsos informes científicos que alertaban sobre la supuesta toxicidad de los salmones cultivados en granjas.

La denuncia pública efectuada por el Ministro de Recursos Naturales de Canadá venía a confirmar las investigaciones de esa periodista canadiense y ponía sobre la mesa una pregunta de enorme trascendencia: ¿son esas organizaciones ecologistas que se oponen a la explotación de los yacimientos de petróleo canadienses un arma en manos de intereses extranjeros, simples peones dentro de lo que no sería sino una guerra económica incruenta? ¿Qué intereses reales defienden esas organizaciones ecologistas, los de Canadá o los de las organizaciones extranjeras que las financian?

El escándalo en Canadá se añade a otro que el pasado mes de febrero golpeaba a Sierra Club, una de las organizaciones ecologistas más veteranas de los Estados Unidos, al revelarse que habría recibido 26 millones de dólares de compañías de gas natural para financiar campañas contra las centrales de carbón, en lo que no es sino un claro ejemplo de utilización del ecologismo como parte de una simple y sórdida guerra comercial.

Anteayer hemos conocido que el Consejo de Ministros ha dado luz verde al plan de prospecciones petrolíferas de Repsol en aguas canarias. Y hemos comprobado con sorpresa cómo desde Coalición Canaria y desde el PSOE se manifestaba la oposición a la eventual construcción de esos pozos que podrían llegar a proporcionar, de confirmarse la existencia de las cantidades de petróleo previstas, el 10% de nuestras necesidades de crudo.

Teniendo en cuenta que 3 de cada 10 canarios vive en estos momentos por debajo del umbral de la pobreza y que Canarias es una de las regiones españoles con mayor tasa de paro, resulta particularmente llamativo que algunos políticos canarios se opongan a tratar de aprovechar la riqueza que nuestras aguas territoriales contienen, máxime si tenemos en cuenta que Marruecos ya está efectuando prospecciones en la misma zona, al otro lado de la raya divisoria de las aguas.

¿Qué motivos podría tener un dirigente político para intentar que los ciudadanos a los que representa no puedan aprovecharse de las riquezas de las que nuestro país vecino pretende, por supuesto, aprovecharse?

No es la primera vez que la excusa ecologista se utiliza en España para garantizar nuestra pobreza perpetua. A finales de la década de los 70 y principios de los 80, se desató en España una furibunda campaña de los ecologistas, pero también de la banda terrorista ETA, en contra de la energía nuclear, campaña que permitió al gobierno socialista de Felipe González acabar con el programa de desarrollo de nuevas centrales nucleares e incluso paralizar la construcción de centrales nucleares cuyas obras ya se habían iniciado. ¿Cuál fue el resultado? Pues hubo dos consecuencias: (1) que los españoles perdimos cerca de 5.000 millones de euros, que continuamos aún hoy en día pagando a plazos a las empresas eléctricas por la paralización de las obras de aquellas centrales, y (2) que además ahora le tenemos que comprar a Francia esa energía nuclear que nosotros renunciamos en su día a producir. ¿Qué intereses defendían los ecologistas y ETA cuando desataron su campaña contra el desarrollo del sector de la energía nuclear en nuestro país? Desde luego, los de España no.

Tuvimos oportunidad de ver el mismo tipo de jugada con el Plan Hidrológico Nacional, plan que hubiera permitido llevar al sur de España una sexta parte de esa agua que se tira al mar por la desembocadura del Ebro. El Partido Socialista, los nacionalistas catalanes y las organizaciones ecologistas volvieron de nuevo a jugar en contra de los intereses económicos de nuestro país, agitando la calle contra aquel Plan Hidrológico, y la llegada de Zapatero al poder tras el 11-M significó la paralización de aquel plan de aprovechamiento de la riqueza hídrica. ¿Cuál fue el resultado? Pues (1) que perdimos el dinero que Europa ya había asignado para financiar las obras del Plan Hidrológico, (2) que las zonas secas de Aragón continúan estando igual de secas y (3) que seguimos tirando al mar un agua que, de llevarse a los invernaderos del sur de España, permitiría obtener entre 4.000 y 18.000 millones de euros anuales en productos agrícolas. Nos vimos obligados a renunciar a la creación de ingentes riquezas agrícolas, para alborozo de nuestros vecinos del norte y del sur. ¿Qué intereses defendían esos ecologistas, esos nacionalistas catalanes y ese Partido Socialista que se encargaron, con su oposición al Plan Hidrológico, de seguir manteniéndonos en la miseria? Desde luego, los de España no.

Ahora, volvemos a ver el mismo patrón de actuación después de la decisión del gobierno central de autorizar las prospecciones petrolíferas en Canarias, prospecciones que el gobierno de Aznar ya había autorizado en 2001 y que fueron paralizadas por el Tribunal Supremo un día antes de los atentados del 11-M, proporcionando a Marruecos una ventaja de varios años en la explotación de esos mismos yacimientos. El Partido Socialista, Coalición Canaria, organizaciones de extrema izquierda y grupos ecologistas se han apresurado a alzar la voz para advertirnos de su radical oposición a que los españoles podamos ganar dinero con un petróleo que nos pertenece. La excusa es lo de menos: ecologismo, defensa del turismo, ... Lo importante es hacer que, una vez más, España continúe regalando riqueza a las naciones vecinas, mientras los españoles pueblan las colas del paro y los comedores de Cáritas.

¿Es simple estupidez la que lleva a determinados grupos políticos y organizaciones sociales a trabajar una y otra vez en pro de nuestra miseria, en lugar de contribuir a nuestro enriquecimiento?

¿A qué intereses sirve esa parte de nuestra clase política que se dedica sistemáticamente, desde hace treinta años, a intentar mantenernos en la pobreza? Desde luego, a los de España no.

LUIS DEL PINO, LIBERTADDIGITAL.COM